La Rada avanzó en una demanda clave del FMI la semana pasada:

restablecer las penas de cárcel para los funcionarios que no declaren plenamente sus activos. En octubre pasado, la Corte Constitucional calificó una ley anterior que permitía penas de cárcel como «excesiva» y la revocó. El nuevo proyecto de ley debe aprobarse en lectura final para convertirse en ley.