La controvertida reestructuración de las agencias anticorrupción en Ucrania preocupa a Occidente.

El Parlamento ucraniano aprobó una legislación que despojaría de su independencia a las agencias anticorrupción del país y podría obstaculizar los esfuerzos para combatir la corrupción de alto nivel. Los cambios colocan a la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y a la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO) de Ucrania bajo el control de la Fiscalía General, cuyo director es leal al presidente.

Esta legislación es el último indicio de que el gobierno de Zelenski está erosionando las medidas anticorrupción, y muchos activistas acusan a su administración, durante la guerra, de adoptar tácticas autoritarias, según informó Bloomberg.

Al mismo tiempo, la NABU ucraniana, responsable de investigar la corrupción entre altos funcionarios, se ha enfrentado a una presión sin precedentes tras ser acusada de diversos delitos, desde ayudar a Rusia hasta asistir a oligarcas. La lucha contra la corrupción ha seguido siendo una prioridad absoluta para los donantes internacionales, incluidos el FMI y la UE.

Mientras tanto, el recién nombrado viceprimer ministro de Ucrania para la Integración Europea, Taras Kachka, intentó tranquilizar a la UE durante una llamada con la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, afirmando que la nueva ley, aprobada por el Parlamento ucraniano, no amenaza la independencia de los organismos anticorrupción y se ajusta a los compromisos de Ucrania con la UE.