Según The Economist, Ucrania se enfrenta a una inminente crisis financiera, porque el aplazamiento de dos años de los pagos del servicio de la deuda acordado por los acreedores del país está a punto de expirar. Los pagos aplazados representan el 15% del PIB de Ucrania anualmente; estos costos se convertirían en el segundo mayor gasto presupuestario después de la defensa. Sin embargo, la moratoria termina el 1 de agosto.
El FMI quiere que Ucrania acepte la cancelación de una parte de la deuda, pero es poco probable que se alcance un acuerdo en el tiempo que queda. Si Ucrania se ve obligada a declarar una cesación de pagos, indicará una alarmante falta de fe entre los inversores privados en los compromisos de Occidente.
Sin un acuerdo, Ucrania tiene dos opciones. Una de ellas es acordar ampliar la moratoria, como se ha hecho con los acreedores oficiales, hasta 2027. Otra opción es declarar el default. Esto puede parecer radical, pero la diferencia de impacto entre estos escenarios es leve. En cualquier caso, Ucrania no reanudará los pagos.
Los tenedores de bonos también se muestran escépticos respecto de los planes de recuperación a largo plazo de Ucrania. En su opinión, la reestructuración será el primero de muchos intentos de los aliados de Ucrania de trasladar la carga financiera de la guerra y los costos de la reconstrucción al sector privado.