El 24 de abril, Ucrania anunció que no logró negociar un acuerdo con los tenedores de deuda respecto a los 2.600 millones de dólares relacionados con los warrants del PIB. No obstante, el Ministerio de Finanzas tiene la intención de continuar las negociaciones. Si Kyiv no logra una reestructuración oportuna, deberá incumplir un pago de casi 600 millones de dólares que vence a finales de mayo y está vinculado al desempeño económico de Ucrania en 2023.
Los warrants del PIB se originaron en una reestructuración previa de la deuda ucraniana en 2015. Han generado controversia desde la invasión rusa a gran escala, ya que Kyiv y sus aliados occidentales desean evitar que sus fondos beneficien a inversores privados durante la recuperación económica de Ucrania.
«Los warrants están destinados a un mundo que ya no existe. Un crecimiento económico moderado en 2023 no significa mayor prosperidad, sino una recuperación frágil tras una caída de casi el 30%», declaró el Ministerio de Finanzas.
El FMI ha indicado previamente que, sin las medidas adecuadas, los warrants representan un riesgo significativo para la estabilidad de su programa de ayuda de 15.500 millones de dólares. Kyiv debe lograr un acuerdo para evitar pagos sustanciales a los inversores en los próximos años.