Los agentes del orden impidieron la retirada de activos de casi 7.000 empresas prorrusas que podrían utilizarse para apoyar las hostilidades en Ucrania. El Departamento de Investigaciones Estratégicas de la Policía Nacional constató que luego de la agresión militar de 2014, Rusia inició el proceso de reinscripción de beneficiarios y uso de empresas controladas registradas en otros países. Tales acciones se llevaron a cabo para encubrir la afiliación de empresas a la Federación Rusa, es decir, para ocultar al propietario final de los fondos, evadir el pago de impuestos y, en general, para evitar sanciones. Además, tales medidas permitirían el control de bienes y propiedades incluso después de una invasión a gran escala.