La comunidad internacional debe garantizar que todos los involucrados en la deportación forzada de niños ucranianos al territorio de la Federación Rusa sean llevados ante la justicia, dijo el fiscal de la CPI, Karim Khan. También se emitió una orden de arresto contra Maria Lvova-Belova, Comisionada de Derechos del Niño de la Federación Rusa. La Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal II citó motivos razonables para creer que Putin y Lviv-Belova tienen responsabilidad penal por la deportación y transferencia ilegales de niños ucranianos de los territorios ocupados de Ucrania a la Federación Rusa, lo que viola los artículos de la Roma Estatuto. En el momento de las deportaciones, los niños estaban protegidos por el Cuarto Convenio de Ginebra. El Kremlin está indignado por las acciones de la CPI y ha calificado la decisión como nula y sin efecto. Volodymyr Zelenskyy calificó la decisión de histórica y señaló que los agentes de la ley ucranianos registraron 16.000 casos de deportación forzada de niños ucranianos, pero las cifras reales pueden ser mayores.