Además, se ha simplificado la transferencia de los bienes sancionados decomisados al Fondo de Bienes del Estado. El nuevo proyecto de ley prevé ampliar los poderes del jefe del Fondo de Bienes del Estado (SPFU) y cambiar su estructura de gestión. Está previsto que el director del fondo tenga derecho a nombrar y destituir a los diputados de forma independiente. Además, 12 sucursales regionales separadas se convertirán en subdivisiones estructurales de la SPFU.
Además, la última edición de la ley cambia el proceso de la propiedad sancionada: será transferida al fondo a través de una decisión del Tribunal Superior Anticorrupción.
Además, se consideraron enmiendas antes de adoptar la ley, permitiendo la restauración de la privatización a gran escala y prohibiendo que las personas sancionadas y los ciudadanos de los países agresores ocupen cargos gerenciales o juntas de supervisión de empresas estatales.
Además, la nueva ley eliminó las restricciones sobre el plazo de los contratos de arrendamiento de propiedades estatales durante la ley marcial, aumentando el plazo del arrendamiento a cinco años. Las enmiendas también permiten la privatización de las instalaciones de energía que se combinan en piscinas.